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En el este de Tennessee, los médicos han visto de primera mano cómo una política de inmigración dura puede afectar la salud y el bienestar de una comunidad.
En 2018, agentes federales allanaron una planta empacadora de carne en Morristown, en el Valle de Tennessee, y detuvieron a unos 100 trabajadores sospechosos de ser indocumentados.
En las semanas siguientes, decenas de familias inmigrantes que habían encontrado trabajo en esas plantas buscaron santuario en las iglesias y dejaron de ir a las citas médicas.
¿La razón? Los agentes de inmigración estaban vigilando las clínicas.
“No queríamos que la gente viniera a recibir atención porque había oficiales de ICE en nuestro estacionamiento”, dijo Parinda Khatri, directora clínica de Cherokee Health Systems, un proveedor sin fines de lucro en el condado de Hamblen.
Mientras Tennessee, al igual que otros estados, se embarca en la abrumadora tarea de vacunar a millones de residentes contra covid-19, a muchos funcionarios de salud se les dificulta la tarea, por una desconfianza generalizada en el gobierno y las fuerzas del orden entre los inmigrantes sin papeles, una población estimada en 11 millones en todo el país.
Los desafíos son particularmente críticos en el sur, donde grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados ayudan a mantener las prósperas industrias agrícola y de procesamiento de alimentos, incluso cuando muchos líderes republicanos estatales y locales, empoderados por la retórica antiinmigrante de la administración Trump, los denuncian como criminales y piden limitar su camino a la ciudadanía.
La confluencia de esas actitudes agresivas y un virus altamente contagioso ha generado preocupación en algunos estados: temen que la baja vacunación de indocumentados ponga en riesgo los esfuerzos para lograr la inmunidad colectiva.
“Nunca podremos superar esta pandemia si los indocumentados se quedan fuera”, dijo la doctora Sharon Davis, directora médica de la clínica comunitaria Los Barrios Unidos en Dallas, que atiende a 28,000 pacientes, la mayoría sin papeles.
Davis reconoció el desafío que plantea esto en un estado como Texas, donde la plataforma estatal del Partido Republicano pide la expulsión inmediata de todos los “extranjeros ilegales”. Como otros directores de clínicas en muchos estados del sur, Davis dijo que implementar planes de vacunación en las comunidades inmigrantes es una política de “don’t ask, don’t tell (“no preguntar, no decir”).
“Vivimos en Texas, así que ni lo mencionas”, agregó. “Hablamos de los que no tienen seguro, y hablamos de la población latina con la mayor morbilidad y mortalidad, es a quien estamos tratando de atender”.
En el área de Dallas-Fort Worth, hogar de una de las poblaciones más grandes de inmigrantes sin papeles de la nación, la tasa de muerte de los hombres latinos de mediana edad es ocho veces mayor que la de sus homólogos blancos no latinos.
Los epidemiólogos dicen que la disparidad no es sorprendente, dado que un gran número de trabajadores centro y sudamericanos indocumentados están en empleos considerados esenciales en la pandemia, incluido el trabajo agrícola, procesamiento de carne y servicio de alimentos, y la mayoría no tiene seguro médico.
Para agravar los riesgos, muchos trabajan en condiciones propicias para la propagación viral, parados hombro con hombro a lo largo de las cintas transportadoras en las empacadoras de verduras, lavando platos en las cocinas de los restaurantes, abasteciendo los estantes de los supermercados y limpiando habitaciones de hoteles.
Al final del día, muchos regresan a barracas o casas pequeñas que albergan a varias generaciones de familias.
“Si no trabajan, no comen”, dijo Davis. “Hemos tenido pacientes que nos suplican que no les hagamos la prueba, porque entonces no pueden ir a trabajar”.
Davis fue uno de los directores médicos que dijo que los sitios de vacunación masiva que muchos estados están usando (carpas gigantes con personal uniformado de la Guardia Nacional y personal médico con iPads) asustan a las familias inmigrantes.
“Preguntan ‘¿qué documentos tenemos que mostrar?’”, dijo Davis. “El miedo a la deportación es enorme y muy real”.
Y no es infundado, señalaron defensores, después de cuatro años en los que el ex presidente Donald Trump redujo drásticamente la inmigración legal e ilegal a través de detenciones y deportaciones masivas, prohibiciones de viaje y restricciones severas de asilo.
El presidente Joe Biden se ha comprometido a anular muchas de esas normas, pero defensores dicen que el apoyo a medidas más drásticas es fuerte entre algunos agentes de inmigración y agentes locales, lo que podría complicar la vida de muchos inmigrantes.
Davis agregó que, más allá del miedo al hostigamiento o al arresto, los funcionarios de salud pública están lidiando con información errónea. “Están escuchando historias horribles en las redes sociales”, dijo. “Creen que hay un microchip en la vacuna y que serán rastreados”.
Incluso algunos inmigrantes con papeles tienen reservas sobre recibir una vacuna proporcionada por el gobierno. La administración Trump presionó para descarrilar la ciudadanía de cualquier inmigrante que usara servicios públicos financiados por los contribuyentes, incluida la atención médica.
En diciembre, el Departamento de Justicia retiró la regla, pero hay confusión y los directores de las clínicas dicen que los pacientes darán prioridad a sus tarjetas de residencia por encima de casi todo.
Las bajas tasas de vacunación entre las poblaciones inmigrantes ya son evidentes. En Mississippi, por ejemplo, el Departamento de Salud informó que la semana del 8 de febrero se habían vacunado menos de 2,800 latinos, aproximadamente el 1% de todas las vacunas administradas hasta ahora.
Tennessee ofrece un excelente ejemplo de las tensiones que subyacen al lanzamiento de la vacuna.
El gobernador republicano, Bill Lee, fue noticia en mayo cuando permitió que el Departamento de Salud estatal compartiera con la policía los nombres y direcciones de quienes daban positivo para covid.
Por separado, el departamento de salud de la ciudad de Nashville proporcionó a la policía local las direcciones de las personas que daban positivo o que estaban en cuarentena.
Ambas acciones fueron criticadas y finalmente terminaron, pero Lee las defendió, diciendo que las eran apropiadas “para proteger las vidas de las fuerzas del orden” y que cumplían con las reglas federales de privacidad de la salud. Posteriormente, la ciudad buscó tranquilizar a sus “comunidades de inmigrantes diversas” diciendo que la información no se compartiría con las autoridades federales de inmigración.
Alabama, como Tennessee, tiene un historial de reglas estrictas con respecto a la inmigración, como una ley de 2011 que prohíbe que los inmigrantes sin papeles reciban casi todos los beneficios públicos, incluida la mayoría de la atención médica que no es de emergencia.
Velvet Luna, enfermera registrada de 26 años, ha construido su vida en Ozark, Alabama, una pequeña ciudad en Wiregrass, una región conocida por sus instalaciones de procesamiento de aves de corral y grandes poblaciones de inmigrantes hispanos y vietnamitas.
Luna se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) una iniciativa de la era Obama que otorga estatus temporal a jóvenes indocumentados a los que trajeron al país de niños. Según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, casi 500,000 inmigrantes elegibles para DACA son trabajadores esenciales.
Luna, que habla con un suave acento sureño, solía hablar de su estatus migratorio, pero dijo que, en los últimos años, hombres que coqueteaban con ella cambiaban inmediatamente de actitud si sabían su estatus migratorio. “Decían cosas feas, hirientes, ‘Ustedes son la razón por la que nuestro país está en declive. Tienes que irte’”.
Como enfermera en un hospital del área que se ofreció como voluntaria para la unidad de covid, Luna ha recibido las dos dosis de la vacuna, pero entiende los riesgos que sopesan las familias indocumentadas; ninguno de sus padres, que vive cerca, tiene papeles. “Está bien tener miedo, y es una decisión valiente ir a vacunarse y proteger a tu familia”, dijo.
Incluso los opositores a la inmigración reconocen que la pandemia ha unido el destino de todos los que viven en el país, independientemente de cómo hayan llegado.
“Lo principal es vacunar a tantas personas como sea posible”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo conservador que aboga enérgicamente por restringir la inmigración. “Tu inmigración puede alcanzarte algún día, pero no será hoy”.
La administración Biden ha dicho que ICE no realizará operaciones en o cerca de los sitios de vacunación. “ICE no realiza ni llevará a cabo operaciones en o cerca de las instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgencias, excepto en las circunstancias más extraordinarias”, según una declaración del Departamento de Seguridad Nacional del 1 de febrero.
Los comisionados estatales de salud también han tratado de calmar los nervios. “No le negamos la vacuna a nadie que se presente en nuestros sitios y esté en la fase que se está vacunando”, dijo la doctora Lisa Piercey, comisionada del Departamento de Salud de Tennessee. “Este es un recurso federal, y si estás en este país, tienes una vacuna”.
Los defensores, sin embargo, dijeron que persisten obstáculos para convencer a los inmigrantes de que la información no se utilizará en su contra. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) esperan que los proveedores que administran las vacunas carguen la información del paciente en los registros estatales, incluido TennISS en Tennessee o ImmTrac2 en Texas.
Los sistemas de seguimiento permiten a los proveedores asegurarse de que los pacientes regresen para su segunda dosis e identificar cualquier reacción adversa.
Los proveedores tratan de explicar que esta información se usa para iniciativas de salud, no para inmigración.
“Los pacientes, en particular los de origen inmigrante, son muy sensibles a compartir detalles familiares”, escribió Brian Haile, director ejecutivo de Neighborhood Health, una clínica comunitaria en Nashville, a funcionarios de salud de Tennessee en diciembre. “Si les pedimos que proporcionen esta información a proveedores que no conocen, serán aún más reticentes a vacunar a sus familias”.
En el condado de Hamblen, Khatri dijo que está tratando de persuadir a trabajadores en granjas de tomate y tabaco, y en plantas procesadoras de carne, zonas calientes de brotes de coronavirus, de que confíen en su clínica no solo para administrar la vacuna sino también para manejar datos confidenciales.
“Quieren acudir a un grupo de confianza”, dijo Khatri, cuyas clínicas tienen la aprobación para distribuir la vacuna, pero aún no han recibido ninguna dosis.
Helena Lobo, quien coordina el alcance hispano en Cherokee Health, dijo que, para algunos inmigrantes, la elección puede estar entre su salud o permanecer ocultos.
“Si tienen que arriesgar su estatus migratorio para recibir la vacuna contra covid, no la tendrán. No los culpo”, dijo Lobo. “Se preguntan: ‘¿Cuál es mi mayor riesgo? ¿Ser deportado o tener covid?’”.
Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un programa editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
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