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Hace 13 años, la desesperación llevó a José Luis Hernández a subirse a un tren que iba a alta velocidad en el norte de México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Pero no lo logró. Resbaló y cayó bajo las ruedas de acero: perdió el brazo y la pierna derechas, y cuatro dedos de la mano izquierda.
Había dejado su pueblo natal en Honduras rumbo a los Estados Unidos “para ayudar a mi familia, porque no había trabajos, no había oportunidades”, dijo. En cambio, terminó teniendo que someterse a una serie de cirugías en México antes de regresar a casa “a las mismas condiciones miserables en mi país, pero peor”.
Pasarían años antes de que finalmente llegara a los Estados Unidos. Ahora, a los 35 años y viviendo en Los Ángeles, Hernández ha comenzado a organizar a otros inmigrantes con discapacidades para luchar por el derecho a la atención médica y a otros servicios.
No hay estadísticas disponibles sobre el número de inmigrantes indocumentados con dispacadidades en los Estados Unidos. Pero ya sea que estén detenidos, trabajando sin papeles o esperando audiencias de asilo en el lado mexicano de la frontera, no tienen “ningún derecho a los servicios”, dijo Mónica Espinoza, coordinadora del grupo de Hernández, Immigrants with Disabilities (Inmigrantes con Discapacidades).
Las personas a las que se les otorga asilo político o de otro tipo pueden comprar un seguro médico privado a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) o, si califican, obtener asistencia pública. Además, Medi-Cal, el programa de Medicaid en California, brinda servicios a personas menores de 26 años, independientemente de su estatus migratorio. Esos beneficios se ampliarán la próxima primavera para incluir a personas indocumentadas de 50 años en adelante que cumplan con los requisitos de ingresos.
“Esa es una pequeña victoria para nosotros”, dijo Blanca Angulo, inmigrante indocumentada de 60 años originaria de México que ahora vive en Riverside. Fue bailarina profesional y comediante de en la Ciudad de México antes de emigrar a los Estados Unidos en 1993. A los 46 años, a Angulo le diagnosticaron retinosis pigmentaria, un trastorno genético poco común que gradualmente la ha ido dejando ciega.
“Estuve deprimida por dos años después de mi diagnóstico”, dijo, casi ciega y desempleada, sin papeles y luchando para pagar las visitas médicas y los costosos medicamentos para los ojos.
La situación es particularmente sombría para los inmigrantes indocumentados con discapacidades detenidos en centros de detención, dijo Pilar González Morales, abogada del Civil Rights Education and Enforcement Center, en Los Ángeles.
“Siempre sufren más por la falta de atención y la falta de alojamiento”, dijo. Además, “y covid ha dificultado más la obtención del cuidado médico que necesitan”.
González Morales es una de los abogadas que trabaja en una demanda colectiva a nivel nacional presentada por personas con discapacidades que han sido retenidas en centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos. La demanda acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional de discriminar a los detenidos al no brindarles atención de salud física y mental adecuada.
Los 15 demandantes nombrados en la demanda, cuyo juicio comenzará abril, tienen afecciones que van desde trastorno bipolar hasta parálisis, así como sordera o ceguera. No buscan resarcimiento económico, pero exigen que el gobierno de los Estados Unidos mejore la atención de las personas que están bajo su custodia, por ejemplo, proporcionando sillas de ruedas o intérpretes de lenguaje de señas, y evitando la segregación prolongada de personas con discapacidades.
La mayoría de los demandantes han sido puestos en libertad o deportados. José Baca Hernández, que ahora vive en Santa Ana, es uno de ellos.
Lo trajeron de niño al condado de Orange, y Baca no recuerda Cuernavaca, la ciudad mexicana en donde nació. Pero la falta de un estatus legal en los Estados Unidos ha eclipsado sus esfuerzos por obtener la atención que necesita desde que quedó ciego al recibir un disparo hace seis años. Baca se negó a describir las circunstancias de su lesión, pero solicitó una visa especial para las víctimas de delitos.
ICE arrestó a Baca poco después de su lesión y estuvo cinco años detenido. Contó que un oculista lo visitó una vez durante ese tiempo; confió en otros detenidos para que le leyeran información sobre su atención médica y su caso de inmigración. La mayor parte del tiempo estaba solo en una celda con poco que hacer.
“Tenía un libro en audio”, dijo Baca. “Eso fue todo”.
Según la demanda, el tratamiento y la atención a las discapacidades son prácticamente nulas en los centros de detención del gobierno, dijo Rosa Lee Bichell, miembro de Disability Rights Advocates, uno de los grupos que presentó el caso.
Sus clientes dicen que “a menos que te estés retorciendo o te desmayes en el suelo, es casi imposible obtener ningún tipo de atención médica relacionada con discapacidades”, agregó.
“Hay una especie de vacío en el panorama de la defensa de la inmigración que no se centra directamente en abordar las necesidades de las personas con discapacidades”, dijo Munmeeth Soni, director de litigios y defensa del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles. “Es una población que creo que realmente se ha pasado por alto”.
ICE y Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.
Covid-19 representa una amenaza particular para las personas con discapacidades detenidas por ICE. Por ejemplo, el 25 de agosto, 1,089 de las más de 25,000 personas en las instalaciones de ICE estaban en aislamiento o en observación por el virus.
En un fallo interino, el juez federal que escuchó la demanda colectiva de Baca este verano ordenó a ICE que ofreciera vacunación a todos los inmigrantes detenidos que tengan afecciones médicas crónicas o discapacidades, o que tengan 55 años o más. La administración Biden apeló la orden el 23 de agosto.
Hernández, quien perdió sus extremidades en el accidente de tren, fue uno de los cientos de miles de inmigrantes centroamericanos que anualmente viajan hacia el norte a través de México en trenes a los que se denominan colectivamente como “La Bestia”, según el Migration Policy Institute. Las lesiones son habituales en “La Bestia”. Y se han reportado más de 500 muertes en México desde 2014 entre personas que buscan entrar a los Estados Unidos.
Hernández, quien finalmente llegó en 2015, recibió asilo humanitario después de pasar dos meses en un centro de detención en Texas, pero rápidamente se dio cuenta de que había poco apoyo para las personas con sus desventajas.
En 2019, con la ayuda de una iglesia local, formó el grupo de inmigrantes con discapacidades, que trata de realizar reuniones regulares para sus más de 40 miembros, aunque la pandemia ha dificultado estos encuentros. Hernández es la única persona del grupo con papeles y beneficios de salud, dijo.
Angulo ha encontrado consuelo al conectarse con otros en el grupo. “Nos damos ánimo unos a otros”, dijo. “Nos sentimos menos solos”.
La mujer es voluntaria como guía para las personas recientemente diagnosticadas con ceguera en el Braille Institute, enseñándoles cómo cocinar, ducharse y arreglarse, con la meta de que logran ser autosuficientes. A Angulo le gustaría tener un trabajo, pero dijo que no tiene oportunidades.
“Quiero trabajar. Soy capaz”, dijo. “Pero la gente no quiere arriesgarse conmigo. Me ven como un riesgo”.
También desconfía de cualquier organización que ofrezca asistencia médica o financiera a inmigrantes indocumentados. “Piden toda mi información y, al final, dicen que no califico”, dijo. “Ser ciega y sin papeles me hace sentir especialmente vulnerable”.